Para quienes pensaban que iban a zafar de las multas 'fotográficas' en la Provincia, la noticia no es de las mejores. Es que no hay condonaciones a la vista y, pese a que el tiempo pasa, el Estado parece no olvidarse de los infractores. Es por eso que el Gobierno dispuso que los titulares de los vehículos que quieran concretar una transferencia o el cambio de radicación del rodado, deban cancelar previamente las multas. Más claro, para vender, primero hay que pagar.
El paso se suma al trámite que se realiza en los Registros Automotores bonaerense a la hora de concretar una transferencia. Además del libre deuda de patentes (que se solicita en ARBA), el título del rodado y la Verificación Policial, entre otros requisitos, ahora debe presentarse una especie de 'salvoconducto' de infracciones. Precisamente, la oficina estatal es la encargada de verificar que no existan sanciones; en caso de haberlas, el propietario del vehículo deberá saldarlas allí para poder concretar la diligencia.
La medida fue autorizada a través de la Resolución Nº 584 la Jefatura de Gabinete provincial (publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de mayo), que designó como agentes de percepción de multas por infracciones de tránsito labradas en territorio bonaerense, a los titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios de todo el país.
Esto implica que en el marco del Convenio de Complementación de Servicios suscripto entre el Gobierno bonaerense y la dirección nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, los registros de cada distrito podrán percibir las multas por infracciones de tránsito cometidas en la jurisdicción establecida por el Código de Tránsito de la Provincia.
El director provincial de Política y Seguridad Vial, Emiliano Baloira, aseguró que con esta medida se persiguen dos objetivos: 'Por un lado ofrecer mayores facilidades al infractor para cancelar sus faltas sin necesidad de ir al banco al tramitar la transferencia de su vehículo; y por otro, que las sanciones sean realmente efectivas para quienes no respeten las normas de seguridad vial'.
A TIEMPO. Las multas fotográficas en la Provincia comenzaron a funcionar en enero del año pasado. Los equipos fueron instalados en las rutas 'turísticas' y en otros puntos de alto tránsito, como el Camino Centenario, frente a la escuela de policía Juan Vucetich.
Los primeros relevamientos de la Jefatura de Gabinete realizados culminado el verano 2009, arrojaron que cerca del 80 por ciento de los conductores superaron los límites de velocidad en los trayectos controlados por los cinemómetros (las máquinas fotográficas).
El informe reveló que los radares detectaron que el 36,5 por ciento de los automovilistas excedió ampliamente la velocidad, el 41,9 conducía con exceso y que el 21,6 lo hizo de acuerdo a lo que indican las normas.
Sin embargo, en mayo de ese año la Provincia decidió condonar la deuda de todos los infraccionados, un total de 1,2 millones de conductores. La cifra de las multas 'perdonadas' nunca fue informada, pero teniendo en cuenta que la sanción mínima equivalía a 480 pesos y el pago voluntario era de 240 pesos, podría haber rondado los 288.000.000 de pesos. Más allá del dinero, la Provincia justificó su decisión en una medida de concientización y no recaudatoria.
El último muestreo oficial sobre las infracciones fue en enero de este año, cuando sólo tres radares ubicados sobre la ruta 2 (en Chascomús, Dolores y Camet) registraron que un 44 por ciento de los conductores había violado las velocidades máximas permitidas en más de un 10 por ciento de los límites (el mínimo permitido).
Justicia. El nuevo Código de Tránsito provincial –que fue impulsado en 2008 e implementado desde 2009 en forma progresiva– creó el Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT), que se encarga, entre otras cosas, de autorizar los dispositivos de control en la provincia.
La misma ley también originó la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito, que funciona bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El nuevo 'fuero', es el encargado de juzgar las violaciones al Código en territorio bonaerense. Desde su lanzamiento, cuatro fueron los tribunales abiertos en La Plata, Mar del Plata, San Isidro y Dolores. Sin embargo, la normativa prevé que se realicen convenios con los municipios para que sean los juzgados de faltas comunales los encargados de arbitrar ante las multas. |
