A mediados del mes de julio, el
ministro de Seguridad Carlos Stornelli anticipó que 500 policías
bonaerenses que realizaban tareas administrativas o de Comando iban a
ser trasladados al área de Seguridad en los distritos más conflictivos
o con índices más altos de delitos.
El 20 de julio se supo que 284
efectivos de La Plata habían recibido notificaciones para presentarse
en comisarías de Pilar, José C. Paz y San Isidro, medida que fue muy
resistida dentro de la fuerza, según indica Diario Hoy.
La mayoría de esos agentes eran de Comando, pero realizaban tareas
administrativas, o estaban con licencias por distintos motivos. Pues
bien, ahora la polémica se profundizó con una nueva tanda de traslados.
Esta vez le tocó a 180 policías administrativos que trabajan en nuestra
región y fueron reasignados a dependencias de Lanús, Quilmes,
Avellaneda y Lomas de Zamora, ya que estos distritos -y el de Almirante
Brown- enviaron personal a los de San Martín y San Isidro, 'calientes',
si los hay.
De hecho, el martes de la semana pasada el intendente de San Martín,
Ricardo Ivoskus, se reunió con Stornelli en La Plata para hablar de los
5 crímenes que sacudieron a su partido en un lapso de 20 días. El jefe
comunal se fue del edificio de 2 y 51 con la promesa de que en 24 horas
iban a desembarcar allí un centenar de uniformados. Empezaron a llegar,
sí, pero varios sectores cuestionan el 'criterio de redistribución' del
personal.
De esta nueva camada (que, según datos extraoficiales, llegaría a 250
en toda la región), 120 policías dependían directamente de la Jefatura
Departamental La Plata, es decir, realizaban tareas administrativas en
comisarías y destacamentos de nuestra ciudad, Berisso y Ensenada.
Según explicaron fuentes oficiales, cada seccional tiene un efectivo
del agrupamiento administrativo asignado por oficina -como la de
expedientes, logística y personal-, además de aquellos que atienden la
guardia y los calabozos. “Si no tenemos administrativos para hacer esos
trabajos, tendrán que hacerlo los hombres de Comando y Seguridad, lo
que significa que tendremos menos policías en la calle”, resumió -en
estricto off- un vocero de la fuerza.
Hasta hace poco más de un mes, el plantel de la Departamental local no
superaba los 1.300 efectivos (sumando todos los agrupamientos).
De ese total, había alrededor de 250 con carpeta médica y un número
similar de administrativos, de modo que, por día, no quedaban más de
700 uniformados asignados a patrullajes y otros trabajos operativos en
las tres ciudades. A este número habrá que restarle la sumatoria de los
últimos traslados. Todo, para una población que supera los 730 mil
habitantes, contando las 3 localidades.
En San Martín viven 500 mil personas y hasta el martes había 940 policías.
La falta de uniformados es general y sostenida en el tiempo, pero
resalta con cada 'pico' de violencia o 'brote' (como lo calificó
Stornelli) y las manifestaciones de vecinos que reclaman mayor
presencia de la fuerza en la calle.
Anoche se reunieron en la escuela de Arturo Seguí los foros vecinales
de Villa Elisa, City Bell, Ringuelet-Tolosa y Gonnet para analizar el
impacto de esta medida que no dudan en calificar de 'incoherente':
'Estamos pidiendo más personal y nos sacan administrativos de las
comisarías, lo que es un despropósito por partida doble, porque un
policía que manejaba un patrullero tendrá que aprender ese trabajo y al
mismo tiempo dejará de estar en la calle'.
En el encuentro se resolvió convocar a otros foros de la región para organizar una marcha al ministerio de Seguridad.
Pero a los efectivos que recibieron las notificaciones les preocupan
otras cuestiones menos operativas: 'El gasto de movilizarse fuera de la
ciudad', explicó el mismo vocero, destacando que el sueldo de ese escalafón es más bajo que el del resto.
'No usamos armas y cobramos 1.100 pesos', dijo una de las afectadas,
anticipando que el martes se movilizarán al ministerio para solicitar
una audiencia con el superintendente Daniel Salcedo. Por lo pronto, ya
prepararon un recurso de amparo. |
